Tras un primer cotejo de las bases de datos del Reniec y Migraciones, Osiptel informó que existen casi 409 mil casos de inconsistencias en los nombres de los abonados reportados por las empresas operadoras móviles del país. Estos pueden ser aprovechados por los cibercrímenes.
Con una huella dactilar tomada en la calle por un dispositivo biométrico, un delincuente podía sacar hasta 20 líneas telefónicas a nombre del ciudadano dueño de dicha huella sin que él se percate. Y luego podía ser usado para diversos delitos informáticos, incluyendo sacar líneas de crédito a nombre del interesado o retirar dinero del banco, tal como han denunciado diversos reportajes periodísticos en los últimos meses.
Es por esto que el regulador ha venido instando a los ciudadanos a no adquirir productos a vendedores ambulantes. Además, desde el lunes 12 de setiembre, las nuevas normas (Resolución N° 072-2022-CD/OSIPTEL) establecen que se limitará a cinco el número de intentos de verificación biométrica por persona en el día y por trámite, para evitar cantidad anómala de rechazos, y se obligará a las operadoras a enviar mensajes de alerta a través de mensajes de texto a todas las líneas que posea el abonado del servicio y por correo electrónico, cada vez que se inicie un trámite de contratación y reposición de chip móvil.
El problema de suplantación de identidad ha sido bastante serio en nuestro país en los últimos meses. Según informó Osiptel, tras un primer cotejo de las bases de datos del Reniec y Migraciones, encontraron que existen casi 409 mil casos de inconsistencias en los nombres de los abonados reportados por las empresas operadoras móviles del país.
El cruce de información permitió identificar 100 588 inconsistencias en peruanos (con DNI) y 308 394 vinculadas a extranjeros (con pasaporte o carné de extranjería). En muchos casos el nombre y número de DNI coinciden con la base del Reniec, pero el documento consignado en el registro de abonados de las empresas operadoras es un pasaporte o carné de extranjería. En otros figuran abonados fictisios, cuyos nombres son letras o caracteres no alfabéticos, groserías o frases sin sentido (“la gente está loca”).
Las inconsistencias se presentan en todos los operadores, pero en mayor proporción en Movistar (306 637 casos), seguido de Entel (76 797), Bitel (12 154) y Claro (11 965)”, informaron. Todos ellos empezarán a realizar una “limpieza” de estos usuarios con datos inconsistentes en sus registros de abonados a partir del 21 de setiembre.
“Desde el próximo 21 de setiembre, las empresas deberán informar a los abonados que deben acercarse a sus oficinas o centros de atención para regularizar su información. En caso el abonado no realice el trámite, se le suspenderá el servicio y si, a pesar de ello, no regulariza la titularidad de sus líneas, se procederá con la baja definitiva”, informó Rafael Muente, presidente de Osiptel.
Una vez realizadas las acciones descritas, las empresas deberán remitir un reporte con el estado final de dichas líneas. Cabe precisar que el registro de abonados será actualizado conforme avancen las acciones desplegadas por las empresas operadoras, a través del reporte diario que realizan al Renteseg.
“En el supuesto que no corrijan el registro, se evaluará la imposición de medidas administrativas, tal como, la imposición de una medida cautelar en el marco de un procedimiento de medida correctiva, entre otras”, precisó.
En una segunda etapa se evaluarán 2,2 millones de servicios asociados a abonados extranjeros que no se encuentran en la base de la Superintendencia Nacional de Migraciones, informó. “Las inconsistencias constituyen un grave problema que afecta la seguridad y confiabilidad del registro de abonados”, lamentó Rafael Muente Schwarz.
Atención a los múltiples delitos
Osiptel viene pidiendo a los usuarios para que tengan cuidado con sus líneas y reaccionar rápidamente si pierden la señal o dejan de funcionar los equipos móviles, porque podría tratarse de SIM swapping, o la suplantación del chip (la tarjeta SIM) del móvil.
En esta modalidad, los delincuentes recopilan información personal de las víctimas (vía phishing, apps fraudulentas, entre otras), como su número telefónico, y se apoderan de la línea móvil notificando al operador una supuesta pérdida o robo del equipo, para luego solicitar la reposición del servicio en otro chip. Cuando obtienen el duplicado aprovechan para hacer transferencias, solicitar créditos o adquirir productos. Mientras tanto el usuario descubre que no tiene señal y para cuando lo denuncia, ya le han robado.
Osiptel recomendó que, ante alguna pérdida repentina del servicio móvil, los usuarios deben contactar inmediatamente a la empresa operadora y descartar la emisión de un segundo chip celular. En caso esto ocurra, deberán denunciarlo ante la policía y desactivar el servicio suplantado. El usuario verdadero será validado mediante un lector biométrico de su huella dactilar, por eso es importante que esta solo se maneje en canales oficiales.
Además, para evitar este tipo de delitos, es que ha entrado en vigencia una nueva norma el pasado lunes 12 de setiembre. Gracias a ello, el usuario deberá ser informado cada vez que se realice una transacción que involucre a su línea móvil y solo se podrán dar cinco intentos de validación biométrica por día. Previamente, en junio, entró en vigencia nuevas medidas para reforzar la seguridad de los usuarios, destacando la entrega obligatoria de una contraseña única por parte de las empresas operadoras a los usuarios al momento de la contratación del servicio o en cualquier otro en el que la identidad del abonado sea validada a través del sistema de verificación biométrica.
Osiptel destacó que nunca se debe brindar datos personales por SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas a desconocidos. También recomendó verificar periódicamente cuántas líneas se tienen registradas a su nombre y no comprar chips a los vendedores ambulantes en la calle, porque podría ser el inicio de una serie de fraudes bancarios.
Sepa más: Desde el 2020, ha impuesto multas por más de S/ 20 millones a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública.