Congresistas desoyeron el pedido de decenas de organizaciones de la Academia, Sociedad Civil y gremios de pasar la norma por un mayor análisis
El dictamen del Proyecto de Ley General de Internet fue aprobado con 11 votos a favor y tres abstenciones el viernes 3 de junio. El presidente de la comisión, Alejandro Soto Reyes, remarcó durante su presentación que el tema ha sido revisado con cuidado, siguiendo el debido proceso y no se está yendo contra las normas vigentes, solo unificando todo lo existente. Esto en respuesta a los cuestionamientos y serios reparos presentados en múltiples canales por diversas instituciones involucradas e incluso organismos del propio Estado.
Este proyecto ofrece compendiar la legislatura existente en torno al internet para tener en una sola norma todo el derecho relativo al tema y evitar la dispersión, mejorando la predictibilidad, sostuvo Soto, quien la semana pasada ya había recalcado que no era necesario montar más grupos de trabajo sobre el citado proyecto.
Sin embargo, más de 30 instituciones relacionadas con la materia de diversa índole se manifestaron en contra por segunda vez de manera conjunta contra la aprobación del dictamen y pidieron que se realicen más debates para que se analice mejor la propuesta con el fin de llegar a un texto que sea idóneo para el ecosistema digital.
Desde AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) expresaron su preocupación por la posible aprobación del citado proyecto, el cual consideraron que podría causar un grave retraso en la masificación de internet en el Perú. Su solicitud es que se convoque a una mesa de trabajo con el sector privado, que es el encargado de tender las redes.
Amcham (Cámara de Comercio Americana del Perú), también se unió al pedido de montar una nueva mesa de trabajo. En función del primer borrador de la norma ellos emitieron sugerencias de mejora, las cuales no fueron incorporadas al dictamen final, razón por la cual solicitaron continuar el debate y considerar sus sugerencias.
A nivel de dependencias estatales, según consta en el portal de la comisión, se habían remitido múltiples sugerencias de mejora y revisiones a la norma. Los informes emitidos por el Indecopi, Osiptel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Justicia (Minjus) tienen variedad de observaciones que abarcan desde definiciones erradas o contrarias a la legislatura vigente hasta violaciones contra derechos que implicarían una sanción, como lo es el uso del correo electrónico para fines publicitarios sin consentimiento expreso del titular.
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