Para el ingeniero eléctrico que fue gobernador regional de Cajamarca hasta el 2022, además de ser el congresista que impulsó la Ley de Banda Ancha en 2013, la norma que establece el internet como derecho, pone el tema de la digitalización en la agenda de las autoridades del más alto nivel y ayudará a impulsar el desarrollo de programas específicos tecnológicos que permitan fortalecer las habilidades digitales de la población.
Cuando recién llegó el internet al país en los ochenta, ¿existía el deseo de que se declare el acceso a la red como un derecho?
La llegada de internet fue un acto misterioso. Muy pocos conocían sus ventajas: para la mayoría eran totalmente desconocidas. Incluso las redes de infraestructura no estaban desarrolladas como ahora porque había demasiadas limitaciones. En ese entonces el debate técnico era sobre la primacía de la voz o del dato. Había opiniones muy audaces como que la voz se iba a regalar y el dato era lo que se iba a cobrar. Considero que eso se ha cumplido. Recién a finales de la década de los noventa se empezó a trabajar la convergencia de las redes.
En 2013, cuando se elabora la Ley N° 29904 para impulsar el despliegue de la banda ancha, ¿era un ideal para ustedes, en el congreso, declarar el acceso a la red como un derecho?
Además de haber presentado y logrado la aprobación de la ley de banda ancha, presentamos una ley que buscaba declarar el internet como un derecho, similar al agua potable. Lamentablemente, los miembros de la comisión de constitución de ese entonces lo archivaron, aduciendo que era generarle una obligación más al Estado. En esencia pensaron que era innecesario.
¿Considera que es necesario que sea un derecho?
Sí es necesario que sea un derecho, sobre todo hoy que estamos inmersos en la sociedad de la información y del conocimiento. El acceso universal permitirá democratizar una educación y salud de calidad. Esa necesidad cobró relevancia durante la pandemia que recientemente hemos soportado donde han fallecido miles de peruanos.
¿En qué medida beneficia o favorece en el camino a la reducción de la brecha digital que esta modificación a la constitución haya sido promulgada?
Esta medida pone el tema de la digitalización en la agenda de las autoridades del más alto nivel, ayudará a instrumentalizar la política de estado N° 35 del Acuerdo Nacional y permitirá desarrollar programas específicos tecnológicos con un fortalecimiento de habilidades digitales garantizando el presupuesto en los tres niveles de gobierno. Fomentará la inversión privada impulsando el desarrollo del software, aplicativos y herramientas digitales.
¿Qué aspectos favorables pueden esperar los actores del ecosistema digital?
Lo que se puede esperar es la consolidación del ecosistema digital nacional, donde los actores tengan predictibilidad para realizar acciones conjuntas que contenga objetivos claros como la rentabilidad y la responsabilidad social. Sientan a un gobierno que promueve la inversión pública y privada, para fortalecer la modernización de la conectividad digital con el fortalecimiento de las tecnologías de información. Que les genere un espacio natural para el desarrollo de las startups y aplicaciones con soluciones disruptivas como blockchain e inteligencia artificial, entre otros.
Tras algunos años en Cajamarca impulsando desde el Gobierno Regional la digitalización, ¿cuál es su diagnóstico del problema de conectividad en las zonas rurales y su visión de cómo resolverlo?
Entre las limitantes que encuentra la conectividad digital para expandirse en las zonas rurales están las siguientes: Muchas operadoras de telecomunicaciones lo ven como un espacio territorial donde no hay rentabilidad; pero en mi opinión se equivocan porque el tráfico se genera de manera bidireccional (entrante y saliente). La geografía agreste también constituye un factor que obliga a invertir en diversas soluciones tecnológicas ya sean satelitales, radioenlaces o fibra óptica. Las habilidades digitales de los pobladores de las zonas rurales también es una limitante, para lo cual se requiere establecer acciones agresivas para consolidar la alfabetización digital. No menos importante es la falta de liderazgo de las autoridades políticas nacionales, regionales y municipales, un ejemplo claro es el pago de los programas sociales que debería hacerse a través de medios digitales, así como la digitalización de los servicios públicos que brindan las regiones y los municipios. En otras palabras, los tres niveles de gobierno no han definido su modelo de gestión y menos han buscado su digitalización.
¿Qué más se debe o puede hacer para incentivar el desarrollo de la economía digital en las zonas rurales?
En mi opinión lo que tenemos que hacer es dar a conocer y sensibilizar a los pobladores acerca de los beneficios que les brinda la digitalización, darles a conocer el potencial que tienen las aplicaciones digitales para mejorar sus actividades como el turismo, comercio, agricultura e inclusión financiera digital. Y contar con la información necesaria sobre las nuevas formas de hacer lo que lo que vienen haciendo.
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