Advirtió que contar con un operador estatal de la red implica que sea el mismo Pronatel quien pague y reciba el dinero que generen las multas por fallas en el servicio.

Existe consenso en que se cometió un error en el diseño del proyecto de la Red Dorsal, lo cual ha generado incentivos perversos y un costo social superior a la multa que en un futuro nos podrían imponer a favor de Azteca por la resolución del contrato. Es por eso que es urgente realizar una restructuración. Todo este proyecto de conectividad debe ser reformulado para poder atender a la población que está aún desconectada. 

Así lo señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz, durante el webinar “Rumbo y futuro del sector telecomunicaciones en el Perú”, evento desarrollado en el marco del 29 ° aniversario del Osiptel.  

Muente advirtió que en la actualidad la red es operada y mantenida por Pronatel, por lo tanto, es el mismo Estado quien se encarga de brindar el servicio. “Hemos regresado a tener un Estado que es operador”, lamentó luego de explicar que, por ley, será el mismo Pronatel quien recibirá el dinero que impliquen las multas que Osiptel, en su labor de supervisión, le imponga por las fallas o incumplimientos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si se incumple con la calidad y se debe pagar una multa, se la pagará a sí mismo.  

Con relación a los retos, expresó que, para brindar mejores características de calidad de los servicios y abrir el camino a la implementación progresiva de la tecnología 5G al 2025, se requerirá una inversión de al menos S/18 000 millones desde el sector público y privado. Existe una brecha de más de 26 000 estaciones base celular y espectro para poder desplegar las redes 5G, que serán fundamentales para el país, añadió. Actualmente, dijo, hay más de 76 000 km de fibra óptica tendidos y más de 86 000 km de enlaces microondas.  

La inversión en el sector durante el 2022 fue de S/ 3348 millones de soles al cierre del 2022, un 5,4% más de lo invertido en el 2021 (S/ 3176 millones). Precisó que el 90% del monto lo habría ejecutado el sector privado y el 10% restante representaría la inversión pública, incluyendo las redes regionales de fibra óptica que se conectan a la dorsal. El Grupo Claro habría invertido S/1362 millones, seguido del Grupo Entel (S/ 424 millones) y Grupo Telefónica (S/ 441 millones). 

Muente estimó que en el 2023 se invertirán S/ 4417 millones, que significaría un crecimiento de 31,9%. Para el 2024 se prevé S/ 6146 millones y S/ 8229 millones para el 2025. Aquí se incorporan los S/ 1026 millones correspondientes a la licitación de espectro en las bandas AWS-3 y 2.3 GHz y los S/5138 millones para las bandas 3,5 GHz (3300-3800 MHz). 

Sobre la dinámica competitiva del mercado móvil peruano, Muente destacó que se ha promovido la competencia, logrando que se acorten las distancias entre los jugadores. Es así que, al 2022, Movistar y Claro, prácticamente, igualaron su participación de mercado móvil con 30% cada uno, remarcó. Además, se tiene una caída de las tarifas de hasta 95% desde el 2015 en el caso de los accesos a internet móvil, que suman más de 25,9 millones de líneas. “La reducción de precios ha sido enorme”, dijo. 

En Internet fijo también se han dado sustanciales avances, porque la competencia funciona aun cuando sea más costoso tender las redes de fibra óptica, comentó Muente. Destacó que han aparecido competidores al interior del país que están robando el liderazgo de Telefónica en algunas zonas. Se espera que al cierre del 2024 se llegue a más de cuatro millones de conexiones de internet fijo, lo cual es un 24% más de lo registrado en el año 2022 (3,27 millones de conexiones). 

La pandemia generó estímulos para exigir internet fijo en las zonas urbanas, explicó, lo que han propiciado la aparición de más alternativas de fibra óptica para el hogar (FTTH) a mejores tarifas. Pero también evidenció los retos por asumir para conectar el entorno rural, en donde se requieren políticas focalizadas.

Cuando se creó Osiptel, la telefonía tenía una penetración menor al 3% y solo superábamos a Haití. Hoy estamos mucho mejor conectados: tenemos 39,4% de penetración de internet fijo a nivel país y 68,5% para los hogares de Lima Metropolitana, mientras que el acceso a internet móvil llega a 77% de la población, enfatizó. Sin embargo, se estima que solo el 9,9% de los hogares en zonas rurales cuentan con internet fijo.

Mirada internacional 

En el encuentro virtual también participaron Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de México; y el profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), José Távara Martín. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el compartimiento de infraestructura y fortalecer la autonomía del regulador. 

La tecnología 5G requiere implementar 10 veces más infraestructura y esto implica inversiones cuantiosas que serán más factibles si se aplica el concepto de coparticipación de infraestructura, enfatizó Javier Juarez. A nivel región la brecha por cubrir es de US$68 mil millones para aumentar en 10 puntos porcentuales la penetración de internet fijo y móvil. Eso, precisó, generará unos 10 millones de empleos. Pero no solo se trata de invertir, sino de revisar cuidadamente la regulación, para promover y facilitar este proceso.  

Juárez Mojica comentó que en México también se comprobó que incrementar la competencia con una adecuada regulación conlleva menores tarifas y mayor conectividad. En una década (2013-2023) los precios de acceso a internet fijo cayeron 31%, aun cuando la inflación creció un 54%, logrando pasar de 40% de accesos a 70%. La banda ancha móvil pasó de 23% a 99%, más que triplicado, enfatizó.   

Tavara recordó que la opinión de Osiptel no es vinculante y cuando se diseñó la Red Dorsal, sus sugerencias no fueron recogidas. A su entender, se debería fortalecer la autonomía de cada uno de los reguladores desde la misma constitución. Además, en los directorios se debe disponer que actúen de forma totalmente independiente de los ministerios y es necesario mejorar las dietas que reciben los miembros del directorio.