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Según el estudio “The Impact of Internet para Todos (IPT) in Providing Connectivity in Peru”, el proyecto redujo brechas estructurales en zonas rurales y ha sido un motor clave para el desarrollo económico y la inclusión digital.
GORE firma contrato de suscripción de abonados que beneficia a 744 colegios, 185 postas de salud y 30 comisarías ubicadas en 730 centros poblados de la región La Libertad.
Informaron que, en materia de seguridad, el MTC está promoviendo un proyecto de decreto legislativo destinado a reforzar el control sobre la trazabilidad de llamadas y mensajes de texto ilícitos. Asimismo, este mes se ha avanzado en la supervisión de fallas en la Red Dorsal y se han iniciado operaciones en dos redes de fibra óptica, ubicadas en Ancash y La Libertad.
Detallaron que promoverán la adjudicación de una cartera de cinco proyectos para llevar conectividad a 1 775 localidades del ámbito rural de la selva peruana y de las zonas de frontera.
Gracias al mecanismo Canon por Cobertura 2025, más de 19 000 peruanos de 71 localidades rurales accedieron por primera vez a servicios móviles y datos 4G en solo cuatro meses. La inversión realizada supera los S/ 28 millones.
La implementación será como parte de los compromisos asumidos por las operadoras que participaron en la subasta de la banda 3,5 GHz. Los contratos con las operadoras se firmarán en un mes.
Carlo De Los Santos es ingeniero industrial y abogado con experiencia en el sector público con una especialidad en política energética y de hidrocarburos.
Funcionaria presentó su carta de renuncia irrevocable el 30 de junio y ha sido aceptada el 1 de julio. Estaba en el cargo desde septiembre del 2023.
En los próximos meses se estará convocando a los operadores interesados en obtener espectro para desplegar redes 5G para que propongan sus alternativas de inversión. Se les pedirá compromisos para ampliar la cobertura 4G en rutas nacionales, expandir la cobertura 4G en centros poblados rurales y fortalecer la conectividad de alta velocidad (5G) en puntos estratégicos para el Estado.
La norma establece los parámetros que regirán la asignación directa de los recursos a pedido de los interesados, quienes deberán cumplir con compromisos de inversión con el objetivo de reducir la brecha digital.
