El Ejecutivo ratificó el resultado remitido por la comisión y designó a Rafael Muente como presidente del Osiptel hasta el 2027, desestimando algunas críticas sobre el proceso de selección.
A través de la Resolución Suprema N°138-2022-PCM, el gobierno del presidente Pedro Castillo estableció como presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a Rafael Eduardo Muente Schwarz para el periodo 2022-2027.
La reelección del abogado Muente Schwarz, quien ocupa el cargo desde julio del 2017, fue notificada junto a la designación de Mauro Orlando Gutiérrez Martínez como titular de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) a través de la RS N°137-2022-PCM. Ambas resoluciones fueron publicadas en una edición extraordinaria de El Peruano el 9 de mayo en la noche.
Rafael Muente Schwarz fue elegido por primera vez en julio del 2017, luego del respectivo concurso público, y cumplió su mandato en febrero del 2022. Atendiendo a la normativa vigente, prorrogó su ocupación del puesto hasta el 14 de abril (60 días calendario). Desde entonces, asumió temporalmente las funciones de presidente ejecutivo el segundo al mando, Jesús Guillén Marroquín, quien se mantuvo en el cargo hasta la presente designación oficial del titular.
Muente ha declarado en el último año que su foco está en mejorar la atención al cliente y empoderarlo con información adecuada ante los operadores. Entre los cambios que ofreció realizar en los próximos años figuraba, según informó al diario Gestión, aumentar los topes sancionadores, dado que son inferiores a las que imponen otros reguladores. Precisó que en la actualidad máximo se puede aplicar una sanción de 350 UIT (S/ 1,6 millones), cuando se debería poder aplicar el doble o triple, es decir 1000 UIT (S/ 4,6 millones).
Sorteando cuestionamientos
El último concurso realizado recibió cuestionamientos de los tres finalistas de la entrevista personal. Durante el proceso, que constó de tres etapas culminadas el 23 de marzo, el comité seleccionador eligió primero a diez postulantes aptos según una evaluación curricular. Luego vino una evaluación escrita, en la que se seleccionaron cuatro candidatos. Finalmente hubo una entrevista personal de la cual el comité estableció un solo ganador, Rafael Muente, y dio por culminada su misión.
Esto motivó que los otros tres finalistas de la entrevista -Martha Carolina Linares Barrantes, Raúl Marco García Loli y Alex José Chávez Ramírez- expresaran su disconformidad pues presuntamente no se habría seguido lo dispuesto por el reglamento: que se informe al presidente Castillo sobre quiénes tienen los dos o tres mejores puntajes para dejar a él decidir cuál de ellos podría ser la nueva cabeza del citado órgano regulador. Los citados concursantes remitieron una carta al premier Aníbal Torres denunciando las presuntas irregularidades y pidieron la nulidad del proceso, lo que implicaba volver a realizar un nuevo concurso. Raúl García Loli, uno de los postulantes, explicó que el objetivo de la norma es darle alternativas al jefe de Estado para poder elegir y que brindarle una sola alternativa sería una forma de restarle libertad a su decisión y direccionar el nombramiento.
La comisión, por su parte, aclaró que Rafael Muente era el único que aprobó la entrevista. Loli replicó aduciendo que en la etapa de entrevistas no se establece un puntaje mínimo, algo que sí contempla la evaluación curricular y la prueba escrita. en el mismo sentido, Martha Carolina Linares remarcó que este proceso debería declararse nulo por las irregularidades denunciadas y la comisión que realizó el proceso no debía continuar, dado que no respetaron el reglamento. La PCM no consideró validez en sus reclamos y procedió a nombrar al ganador elegido por el comité.
