“La Red Dorsal debe ser transferida a un privado” – Manuel Cipriano, ex presidente de Osiptel

Para Cipriano, el Estado no debe perder de vista el objetivo de reducir brechas de conectividad rural por enfocarse en mantener como sea esa herramienta.
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Manuel Cipriano es consultor en telecomunicaciones y asumió la presidencia interina del Osiptel en el 2017. En esta entrevista nos comenta sus impresiones sobre el informe sobre la Red Dorsal, saludó que haya sido hecho público y pidió que se tomen pronto soluciones pertinentes. Desde su perspectiva, se debe entregar la obra a un privado y dejar que Pronatel se encargue de atender las zonas desconectadas que no cuentan con presencia de operadores privados.  

¿Qué opina sobre las propuestas recogidas en el informe?  

En general, las propuestas me parecen muy precisas en la medida que recogen varias de las inquietudes y los comentarios que se han venido manifestando, a través de los diferentes medios de comunicación, por parte del sector público y privado. Sin embargo, debo señalar que se debe tener claro el objetivo principal del país, que no es precisamente “repotenciar la Red Dorsal a largo plazo”, sino cumplir con el mandato de llevar la conectividad a las zonas rurales y los lugares de difícil acceso del país. De lo contrario podemos terminar dando varias soluciones para mantener operativa la red sin que ello solucione el tema de fondo. El objetivo de país es reducir la brecha digital y no tener una red por el simple hecho de tenerla. 

 ¿Le parece que son propuestas viables? 

Sobre la viabilidad, considero que la preocupación es común en todos los sectores, tanto público como privado. ¿Cuál será el destino de la Red Dorsal? De hecho, mantener la gestión y operación de la RDNFO [Red Dorsal Nacional de Fibra Optica] en manos del Pronatel es totalmente contraproducente e ilegal, pues se continúa vulnerando el rol subsidiario del Estado. Debemos enfocarnos en solucionar este primer problema, pues de primera mano parece que la preocupación de fondo de los funcionarios es mantener la red y no mejorar la conectividad dentro del marco de la constitucionalidad. Esto debería ser el foco de la discusión y las medidas a tomar deberían ser la manera en que se va ejecutar la cesión de la Red a uno o varios operadores privados para que estos la operen.

  

¿La alternativa de unir la dorsal con los 21 proyectos de redes regionales es la más conveniente?  

Considero que para hacer más atractiva la cesión de la RDNFO a un operador privado ello sería una opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta los compromisos contractuales que se han asumido con los operadores regionales y evaluar si esta propuesta de unir las redes no vulnera los contratos suscritos con esos operadores. Así evitarnos futuras demandas.  

¿La propuesta de ser operador con tarifa flexible implica algún problema con lo que establece la constitución sobre el rol subsidiario del Estado?  

Considero que la única forma de evitar esos inconvenientes de ventajas frente a terceros es transfiriendo totalmente la gestión y operación de la red a uno o varios operadores privados y que estos se encarguen de administrarla totalmente. Una opción intermedia o que la gestione parcialmente con subsidio del Estado es continuar manteniendo los problemas que ya se han tenido con el anterior operador de la Red Dorsal. El operador privado que se haga cargo obviamente va a requerir la flexibilidad necesaria para competir en igualdad de condiciones, y, si además le trasladamos el riesgo de la demanda, tiene que tener todas las posibilidades que el libre mercado requiere para poder competir libremente.  

Además, debe tenerse en cuenta que el operador u operadores que se hagan cargo de la red actualmente van a tener una mayor competencia, pues se están presentando a nivel mundial otros actores que mediante redes satelitales pueden también llevar conectividad a las zonas rurales. Por lo que, si el privado que se haga cargo de esta RDNFO tiene las manos atadas, por ejemplo, en cuanto a fijar sus tarifas, no va a poder competir con la facilidad y rapidez que necesita.  

¿Estima que así se logrará reducir el gasto que hoy representa la red para el Estado?  

Sin duda, transferir o ceder la red a uno o a varios operadores privados ya es una manera de reducir los gastos del Estado por la operación y mantenimiento de la RDNFO. Pero reitero, hay que transferirla en su integridad para que el Estado no siga subsidiando un proyecto que no ha dado el resultado que se esperaba y que incluso dentro de poco tiempo puede quedar en la obsolescencia.  

Frente a esta situación, el parchar o solamente repotenciar la red manteniendo el gasto de los fondos públicos (que deben ser destinados exclusivamente para solucionar los temas de conectividad en el país), es una medida insuficiente y que a futuro puede seguir ocasionando los mismos perjuicios que ya conocemos.  

¿La opción de mantener todo como está – Pronatel a cargo – tiene algún futuro?  

Definitivamente no. Pronatel no tiene la capacidad y no está en las condiciones para gestionar y operar una red como la RDNFO. Además, mantener esa situación es seguir vulnerando el rol subsidario del Estado tal como lo prevé la actual Constitución. Por ello, debe corregirse esta situación y tomarse la decisión inmediata de transferir la red a uno o a varios privados, con los ajustes normativos y contractuales que sean necesarios.  

¿Qué le añadiría a lo propuesto por la comisión?  

Nuevamente destaco que no se debe perder el objetivo de fondo que es resolver el problema de conectividad de las zonas rurales y que la Red Dorsal es únicamente una herramienta para ello. Si perdemos de vista el objetivo, corremos el riesgo de enfocarnos en mantener la red a costa de lo que sea, con el perjuicio económico que ya conocemos para todo el país. 

Sepa más: Durante todo el 2022, Pronatel se ha encargado del mantenimiento de la red, toda vez que los tres concursos para encontrar un tercero que se haga cargo no prosperaron. El MTC ha anunciado esta semana que se iniciará un nuevo concurso para encontrar un administrador temporal, que podrá estar a cargo hasta máximo el 2024.

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