Especial sobre la Ley de Acceso a Internet como Derecho | Un especial de eBIZ Noticias

Sobre la nueva norma que promueve el uso de las TIC y reconoce el acceso a internet como derecho, eBIZ consultó con diversos expertos en este especial.
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La posibilidad de conectarse a Internet en las zonas rurales del país pasó este año, de ser un buen deseo que trataban de convertir en una realidad palpable las autoridades, a un derecho de todos los peruanos. En setiembre se promulgó la ley Ley N° 31878, que modifica la constitución y establece el derecho al acceso libre a internet.

Un cambio en la constitución no es algo que suceda todos los días. Y el reconocimiento de un derecho tampoco. Desde esa perspectiva, el 23 de setiembre del 2023 es un día que quedará marcado en la historia de la sociedad digital peruana, porque se publicó la Ley Nº 31878, una ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país. 

La citada ley introduce dos modificaciones a la Constitución Política del Perú: cambia el numeral 4 del artículo 2° e incorpora el artículo 14-A. El texto que es fruto del dictamen que recoge varios Proyectos de Ley (557, 879, 881,1128, 1197, 1215, 1397 y 1736/2021-CR), fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y ratificado por el Ejecutivo, quien lo promulgó. 

Esta reforma no es una iniciativa nueva, fruto del impulso por digitalizar la sociedad que generó la pandemia, sino que se trata de un tema que se viene proponiendo, discutiendo y archivando por lo menos desde hace veinte años, cuando se generó la Ley de Banda Ancha que propuso la creación de la Red Dorsal.  

Ya se había dado un avance sustancial en agosto del 2017, cuando se aprobó la Política de Estado N° 35 del Acuerdo Nacional. En ella se establece el compromiso por impulsar una sociedad de la información en donde haya un acceso universal al conocimiento a través de la tecnología (TIC) gracias al acceso a la conectividad. Desde entonces, los planes y esfuerzos estaban enmarcados en dicha política, que se complementa con la reciente publicación, en julio de este año, de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.

La Ley Nº 31878 llega para introducir en el artículo 2º numeral 4, referente a las libertades de información, un añadido: que el Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país. Además, incorpora el artículo 14-Aº, según el cual el Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. 

Cuando se debatió la norma se dijo que se buscaba no solo reconocer el acceso al internet como un derecho, sino que, además, se busca remarcar que no puede ser objeto de censuras o restricciones, salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley.  

¿Es el texto publicado la mejor versión posible? ¿Se han contemplado todos los cambios esperados a la Carta Magna? ¿Era necesario que se promulgara en la actualidad? ¿Qué pasará o qué deberán hacer el Estado y el sector privado a partir de ahora? ¿Serán tangibles los beneficios? Para conocer la respuesta a todas estas interrogantes eBIZ Noticias buscó tanto a líderes del sector y autoridades, quienes nos brindan a continuación sus perspectivas.

Conoce la data relevante y opiniones de diversos actores especializados sobre el tema haciendo clic en su nombre o citas:

«El 77,3% de la población de 6 años y más de edad usaba Internet en el segundo trimestre del 2023»

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI

«Sin duda el reconocimiento del derecho de acceso al internet como derecho fundamental es algo positivo, pero no considero que haya sido necesario para implementar acciones hacia el cierre de la brecha digital»

Dania Coz, Jefa del área del Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Iriarte & Asociados

«El cierre de la brecha no solo parte de la conectividad sino del desarrollo de capacidades para poder utilizar la conectividad a la cual se tiene acceso. El cambio normativo realizado a la constitución deja en el aire el tema del desarrollo de capacidades»

Erick Iriarte, CEO de eBIZ

«En el mediano y largo plazo, tenemos un compromiso con una visión de un país de ciudadanos digitales que ejerzan otros derechos fundamentales y satisfagan sus necesidades gracias al acceso al Internet y que deban su desarrollo y la mejora de su calidad de vida a las comunicaciones»

Carla Sosa Vela, viceministra de comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

«Es importante señalar que ya existen otras disposiciones normativas con rango legal que recogen el sentido de la modificación que es objeto de reforma constitucional»

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL

«Esta medida pone el tema de la digitalización en la agenda de las autoridades del más alto nivel, ayudará a instrumentalizar la política de estado N° 35 [del Acuerdo Nacional] y permitirá desarrollar programas específicos tecnológicos con un fortalecimiento de habilidades digitales garantizando el presupuesto en los tres niveles de gobierno»

Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca y ex congresista

«(S)e requiere un trabajo en conjunto entre el sector público y privado para primero cerrar la brecha de conectividad y luego la brecha digital”

Juan Pacheco, Gerente General de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

«Esta transformación requiere del trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado, con inversiones en infraestructura, personas, innovación tecnológica y políticas públicas”

Irene Velandia, Gerente de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google para la región Andina

«Lo que necesitamos es buena gestión pública para materializar esto y servidores públicos capacitados”

Jaime Dupuy, Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – Comex

«No podemos seguir con el modelo de llevar infraestructura y solamente infraestructura. Sabemos que debemos complementarlo con políticas que incentiven un factor crucial: la demanda, es decir la educación digital (…) Hay mucha gente que no accede a internet porque no sabe usarlo, no porque no tenga cobertura»

Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado al grupo Macro

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